Santiago Kovadlof
Es difícil decidir si la decadencia de los valores morales y políticos de una comunidad se inicia con la desvitalización del lenguaje o si ésta termina por reflejar la agonía de aquéllos. Sea como fuere, la interdependencia entre lenguaje, moral y política se muestra, desde siempre, como un hecho incontrastable.
George Steiner supo señalar "las presiones que ejerce la decadencia cultural sobre el lenguaje". Ya a comienzos de los años 60, advertía que "los imperativos de la cultura y la comunicación de masas han obligado al lenguaje a desempeñar papeles cada vez más grotescos". La obscenidad de lo grotesco consiste en su ostentación; en la exhibición de la vulgaridad como un bien. Animadores radiales y televisivos, periodistas y dirigentes políticos incorporan a su léxico la grosería y el desplante como si no lo fueran o, peor aún, como si fueran dignos de difusión. Sin disimulo y cada vez con más frecuencia, se hacen eco de esa fascinación por la rudeza verbal, empeñándose en presentarla como garante de autenticidad y cercanía con su público.
Ante semejante caudal de impropiedades y perversiones, se hace indispensable recordar que el lenguaje sólo secundariamente es una herramienta para el suministro informativo. Primeramente y primordialmente, es un signo espiritual: el indicio más alto y más hondo de la índole de los recursos subjetivos con que cuenta o deja de contar una comunidad. Con él, cada uno de los que la integran conoce, se da a conocer y logra autorreconocerse. La palabra no puede decirlo todo, pero lo dice todo de quienes la emplean.
Es cierto que el menoscabo del idioma dista de ser, en los tiempos que corren, un fenómeno exclusivamente argentino. Pero resulta indiscutible que, entre nosotros, una de sus modalidades más usuales, el empleo complaciente de un léxico cloacal, es una práctica asentada.
Nadie ignora que hace ya mucho entró en decadencia la educación, nuestro logro fundamental. Ni que el consenso mayoritario, vulnerado por la involución y el deterioro, ha hecho de la indigencia expresiva un sinónimo desgarrador de la elocuencia. Lo burdo, lo ordinario y grotesco han ido allanando el terreno a algo todavía peor: la circulación progresiva de toda clase de violencias verbales. Y la así llamada clase política no ha vacilado en hacer su propio aporte a ese ejercicio irresponsable de la palabra, convirtiendo al adversario en enemigo y a la disidencia con el propio parecer en un insulto.
El deterioro del idioma ejerce un poderoso influjo sobre la fortaleza de las ideas. Como bien observa Steiner, a medida que ese deterioro se acentúa "el lenguaje deja de configurar el pensamiento para proceder a embrutecerlo." Desentendiéndose de todo compromiso con la ejemplaridad, son incontables los políticos que, década tras década, se han mostrado en la Argentina como promotores de un idioma envilecido por la mentira, la impropiedad y la anemia expresiva.
Seamos claros: donde el lenguaje se corrompe, algo más que el lenguaje se corrompe. El basural en que se lo convierte contamina indefectiblemente el pensamiento. El caso de la dirigencia oficialista actual es, en este sentido, patético. Tener adversarios le repugna y los define como seres despreciables. El destrato que les imparte no tiene límites. Con ello, la política cabalmente entendida tiende a desaparecer. Su lugar, entonces, lo ocupa el despotismo. La intención que lo inspira no disimula su propósito. La demagogia y la intolerancia se dan la mano. La pluralidad de criterios horroriza su propensión al monólogo. En consecuencia, no alienta el debate sino el maniqueísmo. La discrepancia necesaria se transforma, bajo su peso, en confrontación. Y la confrontación, en su caso, en una práctica orientada hacia el exterminio del contrincante.
El deterioro de las instituciones y la indigencia del lenguaje no son equivalentes, pero se complementan. Siendo así, no es casual que en el país coexistan las peores embestidas contra la libertad de expresión y la siembra de inmundicia verbal con la que se trata de embadurnar a sus voceros. Descalificaciones feroces, simplificaciones escalofriantes, agravios que ostentan su desmesura como un logro; amenazas, prepotencias, presiones de neto corte mafioso, conforman la paga constante que reciben quienes, profesando convicciones no oficialistas, se atreven a manifestarlas. Desprecio lapidario, en suma, de ese otro que, al no coincidir con los criterios y procedimientos del poder de turno, se convierte en blanco de un menoscabo sin mengua empeñado en advertirle que algo peor podrá sucederle si no acata la sumisión y el silencio.
La contienda electoral que se avecina probará hasta qué punto la disputa por el poder ha pasado a ser, simultáneamente, un enfrentamiento entre dos concepciones del lenguaje y, por lo tanto, del papel del pensamiento en la construcción de lo político. Una de esas dos concepciones del lenguaje lo entiende como un arma de dominación que debe esgrimirse a expensas de toda alteridad. La otra, no sin vacilación y contradicciones, se niega a dejar de ver en el lenguaje un recurso para el despliegue de la convivencia y la pacificación indispensable. Esta última concepción es hija de las duras lecciones impartidas por la siembra estéril del autoritarismo. Aquélla, en cambio, de la creencia empecinada en afirmar que, a pesar de todos sus vaivenes, sólo el autoritarismo, en un país como el nuestro, puede garantizar una gestión política eficaz.
La degradación del idioma, en buena parte de los políticos, refleja la magnitud alcanzada por la pérdida de valor de las investiduras. Tan extendida está esa degradación que sería injusto suponer que el oficialismo tiene el monopolio del envilecimiento de la lengua. Pero es innegable que en sus filas es donde esa práctica encuentra mayor aceptación.
Más allá de las desmesuras discursivas en las que, con premeditada frecuencia, incurren la presidenta de la Nación y su esposo, resulta evidente que es en su entorno donde proliferan los cultores más decididos de la agresión verbal. Es esta negativa a inscribir el tratamiento de los conflictos nacionales en el marco de un abordaje en el que la palabra no opere como un hacha o una tea, la que se hace notar dramáticamente en la recurrencia al lenguaje cloacal y pendenciero. A ellos les siguen, como es evidente, los agravios personalizados y sin ninguna sutileza ideológica. El más grave de todos es reciente. Recayó sobre el ex fiscal federal Julio César Strassera, figura emblemática de la democracia recuperada. El Gobierno toleró sin inmutarse que un hombre identificado con su gestión lo llamara "hijo de puta". Toleró igualmente que su jefe de Gabinete se refiriera a ese magistrado como a un miserable. Refrendó, en fin, con su silencio cómplice, un comportamiento perverso, que perdurará en la memoria de los argentinos como un signo inequívoco del derrumbe moral de la política. Es que a medida que se transparenta la repugnancia que la independencia de criterio despierta en la sensibilidad autoritaria, recrudecen los ataques contra todos aquellos que no rinden pleitesía a la causa del poder de turno. Allí están, para probarlo, empresarios, sindicalistas, políticos, jueces, intelectuales y periodistas. "Víbora venenosa", llamó al columnista Joaquín Morales Solá esa enardecida abanderada del desprecio en que se convirtió Hebe de Bonafini.
Es indudable que la meta hacia la que se encamina, en política, la degradación de la palabra es la subordinación forzada de toda disidencia a una voluntad despótica. Una nueva estirpe de excluidos comienza a ser forjada por la intolerancia del poder. La integran quienes aspiran a seguir ejerciendo el pensamiento crítico. Así, a la inseguridad conocida se suma una nueva. Transitar por las calles, las avenidas y las rutas es, desde hace mucho, un riesgo radicalizado. Frecuentar libremente la senda de las palabras empieza a serlo también. Dos formas del delito se complementan en la Argentina para multiplicar una misma desolación.
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